Una clasificación estatutaria de allanamiento que denota la entrada ilícita con intención de cometer un delito grave o hurto, pero sin las circunstancias agravantes específicas que exige el primer grado; típicamente corresponde a un grado intermedio delictivo.

Principio

Equilibrar la protección de la propiedad y del público con un castigo proporcional para las intrusiones ilícitas que implican intención criminal pero representan un menor riesgo para las personas que los delitos de primer grado.

Demostración

Una persona entra rompiendo una oficina cerrada después de horas y se lleva dinero de una caja fuerte sin mostrar un arma y sin ocupantes presentes; dicha conducta suele encajar en el segundo grado de allanamiento en muchos esquemas normativos.

Aplicación incorrecta

Imputar allanamiento en segundo grado cuando la entrada sólo fue tentativa y la ley trata los intentos de forma diferente, o elevar a segundo grado conductas que correspondería calificar como usurpación leve o hurto menor.

Consecuencia

La condena suele implicar penas por delito menos severas que el primer grado: penas de prisión más cortas, multas y antecedentes que afectan al empleo y la vivienda, reconociendo al mismo tiempo la intención de cometer hurto o un delito.

Inversión

La ausencia de intención de cometer un delito o la prueba de entrada lícita reduce o elimina los cargos por allanamiento, pudiendo subsistir únicamente la usurpación o la responsabilidad civil según los hechos.

Límite

Abarca entradas ilícitas en estructuras cuando no concurren los agravantes del primer grado; los elementos precisos, el mens rea exigido y las penas varían según la jurisdicción y el esquema normativo.

Tensión semántica

Existe tensión en distinguir el segundo grado del primer grado y de delitos menores contra la propiedad, y en decidir si aplicar un criterio uniforme de mens rea para delitos basados en la entrada o evaluaciones contextuales del riesgo para las personas.

Síntesis

El robo con allanamiento en segundo grado es la categoría intermedia para entradas ilícitas e intencionales con ánimo de delito o hurto, en las que no concurren factores agravantes que supongan riesgo a las personas, con sanciones penales moderadas proporcionales al daño y la intención.